Públicos domiciliarios para el cobro de la energía dejada de facturar a los usuarios.

DerechoThis paper seeks to understand the enactment of Law 142 of 1994 and the relevant rules relating to fraud in the Public Services and for this reason on the basis of legal criteria stated in the jurisprudence of the Constitutional Court consider establishing criteria for which users have brought actions for protection and judges in some failure to establish the power to impose sanctions which have protected the rights invoked by the actors and ordering the companies and the Superintendence of Public Services. The themes provide the source material on the history and practice of the punitive power of the state in public services, to consider the power to impose sanctions in accordance with the provisions of the regulations, a timely reference to the situation of the departments and municipalities in the provision of public services. It should be noted that the focus of competition constitutional sanction from the case law on energy collection and monitoring of public service Superintendent to this problem. In this order, it is essential to consider the descriptive and argumentative part of this research, to recognize the image outside the reality of who have violated their rights. Thus, from a legal perspective and research could be analyzed in order to recognize punitive powers by which operates the constitution and the law.La presente monografía busca conocer la promulgación de la Ley 142 de 1994 y la respectiva regulación relativa al fraude en materia de los Servicios Públicos Domiciliarios; por esta razón con fundamento en los criterios jurídicos vertidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional consideramos establecer los criterios por los cuales los usuarios han interpuesto acciones de tutela y los jueces en algunos fallos establecen la competencia sancionatoria para lo cual se han tutelado los derechos invocados por los actores y ordenando a las empresas y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las temáticas abordadas brindaran la fuente sustancial sobre la historia y ejercicio de la potestad punitiva del Estado en materia de servicios públicos, para considerar la competencia sancionatoria acorde a lo estipulado en la normatividad, haciendo referencia puntualmente a la situación de los departamentos y municipios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Es de anotar que el enfoque constitucional de la competencia sancionatoria a partir de la jurisprudencia relativa al cobro de energía y la vigilancia de la superintendencia de servicios públicos ante esta problemática. En este orden, es fundamental considerar la parte descriptiva y argumentativa de esta investigación, para reconocer la imagen al exterior de la realidad de quienes se les vulneran sus derechos. Es así que desde la perspectiva jurídica e investigativa se pudo analizar la finalidad de reconocer competencias sancionatorias por las cuales opera la constitución y la ley

Competencia sancionatoria de las empresas de servicios públicos domiciliarios para el cobro de la energía dejada de facturar a los usuarios.

DerechoLa presente monografía busca conocer la promulgación de la Ley 142 de 1994 y la respectiva regulación relativa al fraude en materia de los Servicios Públicos Domiciliarios; por esta razón con fundamento en los criterios jurídicos vertidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional consideramos establecer los criterios por los cuales los usuarios han interpuesto acciones de tutela y los jueces en algunos fallos establecen la competencia sancionatoria para lo cual se han tutelado los derechos invocados por los actores y ordenando a las empresas y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las temáticas abordadas brindaran la fuente sustancial sobre la historia y ejercicio de la potestad punitiva del Estado en materia de servicios públicos, para considerar la competencia sancionatoria acorde a lo estipulado en la normatividad, haciendo referencia puntualmente a la situación de los departamentos y municipios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Es de anotar que el enfoque constitucional de la competencia sancionatoria a partir de la jurisprudencia relativa al cobro de energía y la vigilancia de la superintendencia de servicios públicos ante esta problemática. En este orden, es fundamental considerar la parte descriptiva y argumentativa de esta investigación, para reconocer la imagen al exterior de la realidad de quienes se les vulneran sus derechos. Es así que desde la perspectiva jurídica e investigativa se pudo analizar la finalidad de reconocer competencias sancionatorias por las cuales opera la constitución y la ley.This paper seeks to understand the enactment of Law 142 of 1994 and the relevant rules relating to fraud in the Public Services and for this reason on the basis of legal criteria stated in the jurisprudence of the Constitutional Court consider establishing criteria for which users have brought actions for protection and judges in some failure to establish the power to impose sanctions which have protected the rights invoked by the actors and ordering the companies and the Superintendence of Public Services. The themes provide the source material on the history and practice of the punitive power of the state in public services, to consider the power to impose sanctions in accordance with the provisions of the regulations, a timely reference to the situation of the departments and municipalities in the provision of public services. It should be noted that the focus of competition constitutional sanction from the case law on energy collection and monitoring of public service Superintendent to this problem. In this order, it is essential to consider the descriptive and argumentative part of this research, to recognize the image outside the reality of who have violated their rights. Thus, from a legal perspective and research could be analyzed in order to recognize punitive powers by which operates the constitution and the law

Falsedad ideológica en el ámbito tributario: evolución y dogmática

El acto de amor más importante de Dios que se produce con ocasión de la creación del mundo, es el hombre, el cual no actúa como un sirviente de los designios de Dios, si no que el objetivo perseguido es el establecimiento de las relaciones de amor entre ambas partes, pero siempre desde el ejercicio de la libertad individual más absoluta, sin ninguna clase de condicionantes, actuando en la toma de decisiones con total libertad de albedrío, este libre albedrío no presupone en ningún momento una actuación recta y adecuada a los mandatos divinos, o en otros términos que siempre se actúe mediante conductas beneficiosas tendentes a la búsqueda del bien, pues en ocasiones y más de las deseables, conlleva que el hombre en aquellas situaciones que se le propiciasen durante su vida, no actúe bondadosamente, si no que puede actuar hacia el mal. Esta libertad hace que pueda germinar la semilla del mal, y dejarse cegar por la mentira. El hombre que disfrutaba de una vida plena en el paraíso terrenal siempre que no perturbara el orden divino establecido, en el que gozaba de una autonomía de libertad absoluta en la que se deleitaba en toda clase de complacencias menos una que el propio Dios le había prohibido, el no tomar manzana alguna del árbol circunscrito, pero Adán fue seducido por su compañera Eva que había sido inducida por la serpiente demoniaca y probaron del mismo, Dios enterado de la tropelía llevada a cabo por ambos, les impuso la pena de expulsión del paraíso. La figura del engaño como instrumento para la consecución de un beneficio propio se encuentra ínsita en la vida cotidiana desde nuestros primeros padres; punto de partida de conductas que posteriormente se han sucedido a lo largo de la historia acomodándose en la realidad social; la reiteración del comportamiento mendaz ha sido determinante para que el ordenamiento jurídico tome posicionamiento frente al mismo..

Pluralismo punitivo y derechos humanos : el caso de la Comuna 13 de Medellín-Colombia (2000-2010)

Programa de Doctorado en Derechos Humanos y DesarrolloLa investigación 'Pluralismo punitivo y derechos humanos: el caso de la Comuna 13 de Medellín-Colombia (2000-2010)' ha sido realizada por Hernando León Londoño Berrío, en el Programa de Doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España), con la dirección del Profesor Doctor ANTONIO CARLOS WOLKMER de la Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis (Brasil); en un comienzo, hasta su deceso, esa condición la ejerció el Profesor JOAQUÍN HERRERA FLORES de la Universidad Pablo de Olavide. El objeto de la indagación de este trabajo es el 'Pluralismo Punitivo', que significa la coexistencia de una constelación de sistemas punitivos 'el Miliciano, el Paramilitar y el Estatal', en el espacio geopolítico de la Comuna 13 de Medellín (Colombia) y en el marco de un conflicto armado. Los objetivos están referidos a la legitimación y a la legitimidad de estos sistemas. La metodología es de orden cualitativo, con enfoque interdisciplinario, lo que permite articular conceptos y elementos teóricos propios de disciplinas como la criminología crítica, la dogmática jurídico-penal crítica y la teoría crítica de los derechos humanos. Coherente con el marco teórico, el enfoque es también crítico y cuestionador. Cada uno de los sistemas punitivos es descrito y analizado a partir de las relaciones sociales comprendidas en su regulación, el tipo de proceso asumido para adjudicar la responsabilidad y definir la pena y, por supuesto, el tipo de castigo prescrito e impuesto. Con la legitimación se pregunta por el grado de obediencia y reconocimiento 'o de rechazo y resistencia' alcanzados por los sistemas punitivos entre los habitantes de esa comuna, y, las razones, los motivos y las circunstancias que explican y permiten comprender estos fenómenos. Los hallazgos son claros: las circunstancias y razones que legitimaron a los sistemas punitivos, con el transcurrir del tiempo, condujeron a su deslegitimación. Y la necesidad de 'seguridad' respecto a los peligros contra bienes inmateriales (la vida, la salud, la integridad sexual) y materiales (el patrimonio económico), y la ilusión de que los sistemas punitivos podrían otorgar salvaguarda, ha sido la variable definitiva de legitimación. Pero la dinámica los lleva a ser representados como el factor de mayor inseguridad, 'una cura peor que la enfermedad', por su proclividad a la crueldad, la arbitrariedad, al autoritarismo y al expansionismo. En este asunto, el Estado se ha comportado de peor forma que una 'banda de ladrones', porque le impuso a la población civil un Derecho penal del enemigo, instrumentalizó el discurso de los derechos humanos para justificarse, no tuvo reticencia para aliarse con criminales y ampararlos con un 'Derecho penal del amigo' y, además, porque le garantizó impunidad a los crímenes de sus agentes, e invistió a éstos de honores, con el estatus de héroes. Respecto al otro asunto indagado, se concluye la ilegitimidad de los sistemas punitivos estudiados, por trasgredir y violentar los derechos humanos de muy diversas maneras: al crear la falsa ilusión de ser una necesaria, idónea y eficaz forma de protegerlos, profundizando su vulneración; al birlarlos en su función de límites al poder punitivo; al convertir su ejercicio en objeto de criminalización; al usarlos como coartada retórica de legitimación de iniquidades y abusos. Además, se caracterizan por ser selectivos, clasistas, inocuos, amiguistas, tramposos, populistas, eficientistas, inquisitivos y colonizados por el Derecho penal del enemigo. Y, finalmente, en nombre de la 'seguridad' de entelequias y ficciones, han terminado por aniquilar la 'seguridad de los derechos' de los de 'abajo', de los más vulnerables, y han profundizado las condiciones de exclusión, explotación y discriminación QuitarUniversidad Pablo de Olavide. Departamento de Derecho Públic

Los derechos de las mujeres: del reconocimiento constitucional a su aplicación efectiva

La tesis estudia los procesos de construcción de la ciudadanía de las mujeres en el constitucionalismo ecuatoriano, a partir de la aprobación de la Constitución Política del Ecuador de 1998 y la adopción de la nueva Constitución del Ecuador de 2008. A través del análisis de género de las resoluciones judiciales, el trabajo explora los principios y garantías que las juezas y los jueces ponen en práctica a la hora de aplicar la Constitución y la ley. Examina el papel que desempeña la ideología de género en el proceso de aplicación/interpretación de la Constitución y las leyes por parte de jueces y juezas, identificando en sus discursos los mecanismos que garantizan los derechos de las mujeres y promueven la equidad de género y aquellos que, por el contrario, mantienen o reproducen la discriminación, subordinación y exclusión por razón del género. Discute, asimismo, de qué manera el contexto social, político e institucional contribuye a la materialización de los derechos de las mujeres reconocidos en el texto constitucional, y cómo el análisis de las decisiones judiciales plantea nuevos aspectos de carácter relevante tanto para la práctica de incidencia del movimiento de mujeres, así como para el desarrollo normativo e institucional

Trazos de Derecho penal. Parte especial

Manual de estudio de delitos contra la vida, la integridad, la libertad, la propiedad, el patrimonio, la salud pública y la seguridad vial

Trazos de Derecho penal. 2ª edición.

Manual de Derecho Penal. Parte Especial

Derechos humanos, crisis de la prisión y modelo de justicia penal

El objetivo de este trabajo de pesquisa doctoral fue demonstrar la irracionalidad de un sistema penitenciario que se encuentra completamente obsoleto, además de ofensivo a los derechos fundamentales del ser humano, apuntando alternativas no solamente a las penas privativas de libertad, aplicadas como consecuencia de una sentencia penal condenatoria transitada en juzgado, como también a las prisiones de naturaleza cautelar, que contribuyen, en gran medida, para la llamada superpoblación carcelaria

Prueba penal transfronteriza: su obtención y admisibilidad en España

Bilateral or multilateral criminal investigations and the need to gather evidence abroad is nowadays more and more frequent. However, it is a complex process because of the diversity of legal instruments in force in Spain. To solve the existing problems, it is crucial to develop legislation establishing common rules to issue and execute letters of requests in pursuing of transborder evidence. This new legislation should clearly specify the role of the different legal operators that participate in criminal investigations, judges, public prosecutors and legal clerks, as well as the role of the Ministry of Justice as Central Authority. The multiple international conventions in force in Spain include provisions to request that any evidence obtained abroad be gathered following Spanish procedural formalities required under the Spanish law and jurisprudence to be admissible as evidence. The new legislation should include as an obligation that any Spanish request to other countries incorporate the description of the requirements for the requested evidence to be admissible in Spain. Likewise, it should specify how the parties in the case can participate in the issuing and in the execution procedures. The new legislation should also address the setting up of Joint Investigation Teams, granting full authority for its constitution to the investigating judge and modifying the current law that requires for its establishment an authorization from the Ministry of Justice. Equally, the role of the Spanish public prosecutors in these joint investigation teams should be similar to the role described to them in the Spanish criminal procedures rules. Recent legislation (Law 16/2015), does not describe with sufficient clarity the role of liaison magistrates and of the networks on international cooperation in criminal matters. It is necessary a more detailed regulation to incorporate these legal operators that can efficiently facilitate transborder evidence gathering. Similarly, the new legislation should also describe more clearly the powers granted to the Spanish National Member at Eurojust, specifically those related to criminal investigations initiated by another Member State, to the access to Eurojust of the Spanish investigating judge in national investigations and how information of Eurojust investigations are given to the defense counsel..

Derecho civil bienes derechos reales

1703 páginas incluye ilustraciones y diagramasTodas las personas, requieren de un patrimonio, que constituye una universalidad integrada por bienes, derechos, acciones y obligaciones, activos y pasivos que llegan a conformar la prenda general frente a los acreedores. Los bienes constituyen el principal elemento integrador del concepto patrimonial y de allí la importancia de su estudio, dentro del marco formador del jurisperito. El estudio de los modos de adquirir, de las desmembraciones a la propiedad, el régimen de las servidumbres, la teoría general de la posesión, el estudio de la figura de la reivindicación, al igual que la acción de dominio y la publicana, realzan la importancia de esta cátedra como base fundamental para el estudio de las obligaciones y de los contratos civiles y comerciale